Publicado en 7DM nº 869, Junio–Julio 2016

Hace justo un año, durante la campaña electoral de las municipales, Esperanza Aguirre, candidata popular a la alcaldía de Madrid, se vio sorprendida cuando un medio digital sacó a la luz pública su declaración de la renta del año anterior. Como ella señaló, los datos solo podían haber salido del Ministerio de Hacienda, y en este sentido fue la demanda que presentó ante la fiscalía reclamando conocer cómo habían podido hacerse públicos. Meses más tarde, otra política, esta vez de signo contrario, Anna Gabriel, también se sobresaltó cuando, en pleno proceso negociador por el gobierno de la Generalitat de Cataluña, una cadena de televisión nacional emitió un vídeo donde se la veía tomando un avión del gobierno venezolano, junto a otros políticos de izquierda y del entorno de ETA, con destino a Venezuela para asistir a un foro político que se celebraba en Caracas.
La diputada autonómica, al saberse la noticia, planteó la posibilidad de que estas imágenes las pudieran haber filmado cuerpos de seguridad españoles y mostró su preocupación sobre la posibilidad de que existan ficheros ilegales y seguimiento a activistas políticos.

En ambos casos, ninguna de las dos políticas había cometido un hecho delictivo, ni siquiera reprobable desde un punto de vista moral o político: ganar dinero, siempre que se haga de forma honesta y legal, no es ningún pecado; colaborar y trabajar con la revolución bolivariana tampoco.  Por lo demás, no eran situaciones ocultas o desconocidas totalmente.  Sin embargo, estos dos escenarios, aireados por los medios de comunicación en dos momentos concretos, causaron un problema a sus protagonistas. La propia Esperanza Aguirre no se cansa de afirmar que a ella le costó las elecciones y Anna Gabriel puso en apuros el acuerdo de su partido para la elección de presidente de la Generalitat.

Pero, con todo, el principal problema es que esta información no estaba en manos de los medios de comunicación, sino en las del Estado, y estos medios llegaron a ellos por una filtración activa e interesada por parte de alguien que, si los tenía, era en función de sus tareas como funcionario estatal. Este es el mismo estado que obtiene y almacena datos e información sobre muchas de nuestras actividades; incluidos, no lo olvidemos, nuestros datos médicos y sanitarios. La recogida masiva de datos de una importante parte de la población, gracias a una red completa de vigilancia, es lo que se conoce con el término metafórico alemán de Gläserner Mensch (hombre de cristal o transparente por analogía con los modelos anatómicos transparentes del museo de ciencias naturales de Dresde). Es una vieja ilusión de los estados totalitarios, para tener controlada a su población, y su paradigma puede ser la policía secreta de la Alemania socialista que le puso el nombre. Desaparecida la Stasi, y con el advenimiento de la realidad digital, otros estados autocráticos, o no, así como empresas privadas u organizaciones no gubernamentales, toman el relevo en esta vigilancia masiva. Esta se justifica a menudo como una forma de combatir el terrorismo o proteger la seguridad nacional, o simplemente elevar la seguridad de los ciudadanos; pero también se pone de manifiesto la capacidad de intromisión en la privacidad de los individuos y el potencial real de sobrepasar límites morales y legales. En el campo sanitario, el temor se relaciona con la posibilidad de que datos sensibles personales sean fácilmente accesibles a cualquier persona con acceso al sistema y su uso para tareas distintas de la ayuda y cuidado del paciente.

 Recoger datos está en el mismo corazón de la asistencia clínica; si estos datos se digitalizan y se ponen en red, se facilitan muchas de las actividades relacionadas con la atención al paciente. Muchos de los datos sanitarios se recogen con las mejores de las intenciones: los profetas de la innovación nos convencen de que se podrían utilizar en investigación clínica, gestión de los servicios sanitarios o salud pública.  Pero, al igual que se intuyen sus ventajas, también se descubren zonas oscuras. Demasiadas personas acceden a los registros clínicos, muchas veces sin una causa justificada. Disponer de la historia clínica completa de una persona es un valioso tesoro que se puede utilizar de muy diversas maneras, no relacionadas precisamente con la salud.

Las medidas legales y logísticas encaminadas a proteger estos datos son a todas luces insuficientes, y es que no estamos hablando de que en un momento determinado alguna persona acceda a unos datos concretos. Hablamos de nuestra ignorancia sobre la cantidad y valor de la información digital que se produce diariamente de forma automática. Con estos datos se pueden generar perfiles que revelan sobre nosotros mismos, aspectos que no siempre quisiéramos que fueran descubiertos. Lo llaman, entre otros nombres, Big Data y su potencial benéfico es apreciable, pero ¿apreciable para quién? ¿Para qué y quién está utilizando estos «data»? El problema es que la existencia misma de esa información nos hace muy vulnerables, y lo hace de una manera que no podemos ni anticipar ahora mismo.

Trabajamos en consultas de cristal.