Hace justo un año, durante la campaña electoral de las municipales, Esperanza Aguirre, candidata popular a la alcaldía de Madrid, se vio sorprendida cuando un medio digital sacó a la luz pública su declaración de la renta del año anterior. Como ella señaló, los datos sólo podían haber salido del Ministerio de Hacienda, y en este sentido fue la demanda que presentó ante la fiscalía reclamando conocer cómo habían podido hacerse públicos. Meses más tarde, otra política, esta vez de signo contrario, Anna Gabriel, también se sobresaltó cuando en pleno proceso negociador por el gobierno de la Generalitat de Cataluña, una cadena de televisión nacional emitió un vídeo donde se la veía tomando un avión del gobierno venezolano, junto a otros políticos de izquierda y del entorno de ETA, con destino a Venezuela para asistir a un foro político que se celebraba en Caracas.
La diputada autonómica, al saberse la noticia, planteó la posibilidad de que estas imágenes las pudieran haber filmado cuerpos de seguridad españoles y mostró su preocupación sobre la posibilidad de que existan ficheros ilegales y seguimiento a activistas políticos.

En ambos casos, ninguna de las dos políticas había cometido un hecho delictivo, ni siquiera reprobable desde un punto de vista moral o político: ganar dinero, siempre que se haga de forma honesta y legal, no es ningún pecado; colaborar y trabajar con la revolución bolivariana tampoco. Por lo demás, no eran situaciones ocultas o desconocidas totalmente. Sin embargo, estos dos escenarios, aireados por los medios de comunicación en dos momentos concretos, causaron un buen problema a sus protagonistas.

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