control politico y sanidad pública
EL CONTROL POLÍTICO EN LA SANIDAD PÚBLICA
por Manuel Calleja Hernández. Cirujano Cardiovascular.
El pasado mes de julio la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha inició los trámites para la aprobación de un decreto sobre la provisión de jefaturas de carácter asistencial en el Servicio de Salud de la región. Este decreto define la Jefatura de Servicio como un puesto de gestión de recursos públicos, por lo que se convierte en un puesto de especial confianza. Esto quiere decir que, a partir de la aprobación de dicho decreto, los Jefes de Servicio serán nombrados y cesados “a dedo” y no tras un proceso de selección por concurso público.
Los argumentos que se ofrecen para justificar la sustitución del Decreto 89/2005, de 26 de julio, que regula hasta ahora la provisión de las plazas de jefe de servicio es, textualmente “Las razones de especial confianza residen en la necesaria cooperación de estos responsables en la difusión y cumplimiento de las instrucciones y normas de las autoridades sanitarias y directivos del Servicio de Salud”.
Sin embargo, el jefe de un servicio médico o quirúrgico no es, ni debe ser en ningún caso, un cargo directivo y, por tanto, un mero transmisor de las decisiones de la Gerencia. Muy al contrario, debe ser un cargo de carácter técnico de máxima cualificación profesional que debe entender de la forma más adecuada de administrar la infraestructura hospitalaria y los recursos asignados para lograr el máximo beneficio para sus pacientes, de cuya atención sanitaria es responsable. De hecho, los intereses de los pacientes a menudo chocan con los de la Administración, y es el Jefe de Servicio el único que puede aconsejar, persuadir, presionar o incluso denunciar estas situaciones. Por ello, la estabilidad de las jefaturas de servicio está protegida legalmente.
Además, este Decreto se contradice con la recientemente aprobada ley 5/2010, de 24 de junio, sobre “Derechos y deberes en materia de Salud de Castilla-La Mancha”, en la que se reconoce que los profesionales sanitarios tienen derecho “a la autonomía científica y técnica” además de tener la obligación de “prestar una adecuada atención sanitaria a los pacientes y usuarios”. Difícilmente estos dos puntos podrán ser cumplidos con independencia de criterio por personas que deban su cargo al “dedo” del Gerente de turno y cuyo mismo dedo puede cesarle sin explicación alguna.
Afirmando que los jefes de los servicios médicos deben ser personas de su confianza están queriendo ocultar su verdadero objetivo: que éstos se plieguen dócilmente a sus órdenes políticas, renunciando a la aplicación de los imprescindibles conocimientos y criterios médicos en su práctica diaria, con la independencia necesaria para ello.
El comportamiento dócil que pretenden lograr compromete el objetivo último de una institución hospitalaria, cual es la óptima atención a los pacientes, merecedores de todas las garantías en la planificación, realización y control de sus tratamientos. Si les preguntáramos, ¿preferirían ser operados en los plazos, con las técnicas y utilizando los materiales que decidieran los políticos o, por el contrario, querrían que estas decisiones estuvieran en manos de los médicos? Sigue leyendo








