La Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC) lleva a los tribunales al Servicio Riojano de Salud por incumplir la ley que exige el título de Psicólogo Especialista para trabajar en Atención Primaria

Por Félix Inchausti. Es Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y Jefe de Sección en la Red de Salud Mental de Álava (Osakidetza).

En la mañana del pasado lunes, 11 de diciembre de 2023, ha quedado visto para sentencia en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Logroño el pleito que la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC) presentó hace unos meses contra el Servicio Riojano de Salud por la Resolución de 31 de marzo de 2023, de la Dirección de Recursos Humanos de la Gerencia del Servicio Riojano de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para proceder al nombramiento de personal estatutario temporal en la categoría estatutaria de Psicólogo/a, para los dispositivos de psicología de atención primaria.

Si bien Rafael Bravo me pidió hace unas semanas que escribiera sobre las diversas iniciativas que llegan desde algunas Comunidades Autónomas (CC.AA) para incluir psicólogos (¿clínicos?) en Atención Primaria (AP), en este momento considero mucho más prioritario reflexionar sobre algunos aspectos previos clave que explican por qué elijo primero abordar esta demanda de la SEPC contra el Servicio Riojano de Salud. La razón primera la puedo exponer ya: porque lo que en este caso se dilucide no solo afectará a la ciudadanía de La Rioja sino que también puede tener un gran impacto en la calidad futura de todo nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS).

Aviso que muchas de las cuestiones que voy a contar aquí son de sobra ya conocidas por el colectivo de especialistas que trabajan en el SNS y en AP, pero que me parece pertinente explicitar para dar coherencia a todo el hilo argumental que quiero seguir. Más adelante, me gustaría entrar al fondo del debate con datos sobre la pertinencia o no de incluir una atención psicológica en AP. 

Algunas pinceladas sobre de dónde venimos

La pandemia demostró que nuestro SNS, especialmente nuestros servicios de AP y Salud Mental, arrastra unas carencias estructurales graves que no vienen de ahora, sino que emanan de mucho antes, como mínimo del periodo 2011-2017, cuando la última gran crisis de deuda provocó los mayores recortes en gasto sanitario conocidos en España en este siglo. Estos recortes, entre otras consecuencias, se materializaron en la jubilación forzosa de un gran número de sanitarios y especialistas muy valiosos y con larga experiencia, muchos de AP, la amortización de sus plazas y una drástica reducción del número de profesionales sanitarios en formación (MIR, PIR, EIR, etc.), esto es, de los profesionales futuros que garantizarán que el sistema disponga de los recursos humanos suficientes para brindar una asistencia sanitaria de calidad.

Las consecuencias de dichos recortes son que ¡oh, vaya! 10 años después tenemos muchos menos profesionales formados y disponibles de lo esperado y que, con el Plan Bolonia de convergencia educativa europea, además, ya no disponemos de ellos en exclusiva sino que tenemos que competir con otros países de nuestro entorno para captarlos y retenerlos. En cuanto a nuestra capacidad para atraer y retener profesionales, es importante subrayar que ahora mismo nuestro sistema público de salud no es para nada atractivo: nuestras listas de espera están disparadas en la mayoría de servicios; el tiempo de consulta por paciente se encuentra de manera generalizada muy por debajo de las recomendaciones científicas; arrastramos años de abuso sistemático de contrataciones muy precarias, lo que no solo ha generado una gran rotación de personal en los servicios sino también un gran molestar entre los propios sanitarios que los han sufrido; un sistema de retención y atracción del talento entre inexistente y decimonónico, fruto, entre otras causas, de una alta rigidez del SNS; una escasa remuneración —no solo económica— con respecto a otros países de nuestro entorno; una alta dispersión geográfica de la población que limita el acceso de un gran porcentaje de la población a servicios sociosanitarios; un marcado hospitalocentrismo asistencial que prima la atención inmediata frente a una longitudinal y comunitaria (mucho más efectiva), y un amplio etcétera que no expongo aquí para no alargarme demasiado.

Situación de la atención psicológica especializada en La Rioja

En el caso concreto que ahora nos atañe, La Rioja ha sido la última de las CC.AA. en pensar que ¡oh, vaya! necesito formar a psicólogos clínicos para que presten sus servicios en la región. Más si tenemos en cuenta el progresivo envejecimiento de la población, nuestro estilo de vida y trabajo cada vez más nocivos para la salud (mental), una pandemia que ha dejado importantes secuelas socioemocionales en una población que, además, cada vez más exigente con respeto al acceso y calidad de los servicios sociosanitarios públicos, etc.

A pesar de esto, no fue hasta 2020 cuando llegó a La Rioja el primer residente PIR, es decir, en llegar el primer psicólogo para formarse y poder trabajar en el Servicio Riojano de Salud. Sí, sí, habéis leído bien, a pesar de que el sistema PIR se inició en 1986 en Asturias y en 1993 se hizo la primera convocatoria estatal, no ha sido hasta 2020 cuando La Rioja comenzó a formar a los psicólogos (en mitad de una pandemia). Pero, claro, este residente no se convierte automáticamente en un profesional para el sistema, sino que necesita 4 años para formarse y poder ejercer de manera autónoma. Esto es así para garantizar, entre otras cosas, que la ciudadanía sea atendida en el SNS por profesionales suficientemente capacitados y con, como mínimo, 4 años de experiencia clínica supervisada. Pero ¡uf! claro, la cosa no termina aquí: al finalizar su formación, este profesional puede decidir quedarse a trabajar en el Servicio Riojano de Salud o marcharse a otras CC.AA. que le ofrezcan mejores condiciones o un mayor desarrollo profesional o, incluso, puede emigrar a otro país ávido por contratar a buenos profesionales sanitarios españoles. Si este residente PIR comienza su formación en 2020, como mínimo el gestor sanitario tendrá que esperar hasta 2024 para disponer de él. Y, en el caso de La Rioja, solo habrá un psicólogo clínico potencialmente contratable llegado ese momento.

Y, entonces, ¿por qué no se forman más? Esta es una buena pregunta. Pues porque nadie piensa a largo plazo. Bueno, miento, los profesionales del sistema sí pensamos a largo plazo porque hemos vivido este proceso formativo en nuestras propias carnes. Sabemos que formar a un buen especialista requiere tiempo, en el mejor de los casos, 8 años para la psicología clínica: 4 años de grado y 4 años de PIR. Son los políticos de turno los que no piensan en ello porque, entre otras razones, sus mandatos son cortos (de 4 o menos años) y, por regla general, las prioridades y asuntos que dirigen la agenda política no son lo que ocurrirá más allá de 4 años. Luego, pues ya veremos. Esta es la realidad general de la gestión sanitaria de nuestro país: solo se piensa en lo inmediato y, los problemas gruesos, como este, pues ya los resolverá el siguiente.

La AP y la atención especializada en Salud Mental ambulatoria de la región están colapsados desde hace años por la falta de profesionales. El departamento de Salud Mental del Servicio Riojano de Salud ya era deficitario en personal antes de la pandemia, pero en los últimos años su deterioro ha sido progresivo por, entre otras, las siguientes razones: pocos profesionales (nos referimos a psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras generalistas —que no especialistas en Salud Mental porque tampoco se han formado hasta 2020—), problemas de espacio físico para ubicar a estos profesionales en los centros sanitarios, altas listas de espera, poco tiempo para la atención de los pacientes, disparada prescripción de psicofármacos para mitigar el malestar (principalmente con benzodiacepinas y antidepresivos), que si bien pueden amortiguar el problema a corto plazo no resuelven y cronifican el problema a largo plazo… (pero, de nuevo, ya vendrá otro a resolverlo), fuga por no decir espantada de profesionales a otras CC.AA. ante este panorama asistencial (un dato: en 15 años de formación MIR de Psiquiatría, solo 3 residentes se han quedado en la región) o la proximidad con el País Vasco y Navarra que disponen de servicios de salud mental mejor dotados y con mejores condiciones de trabajo.

Instrumentalización política de la salud mental

En mayo de 2023 se celebraron las elecciones autonómicas en España. La salud mental está de moda y copa portadas en el debate público. Como decía antes, la población exige cada vez más que sus problemas de salud mental sean atendidos en la sanidad pública, pero el Servicio Riojano de Salud ni contaba, ni cuenta ni contará con suficientes profesionales para ello: ni para atender los trastornos mentales graves ni para atender los trastornos mentales comunes (ya ni hablemos de atender la ola de malestar emocional). Tampoco ha sido capaz de planificar y formar a suficientes especialistas para ello, ni tampoco de atraerlos y retenerlos de otras regiones del país. Tampoco existe ni ha existido una estrategia para ello, como sí han hecho otras Comunidades Autónomas, por ejemplo, en Castilla y León . Al mismo tiempo, los políticos necesitan ganar elecciones y para ello es necesaria la propaganda: hacen falta titulares y propuestas que hagan creer a la población que se están tomando muy en serio las demandas de la población de mejorar su salud mental.

 

¿Solución? Pues hago una convocatoria 2 meses antes de las elecciones para contratar a 5 psicólogos que voy a colocar en algunos centros de AP de la región. Una curiosidad: no los voy a ubicar en los centros de salud de las zonas rurales donde el acceso a especialistas de Salud Mental es mucho más deficitario, sino que a 3 de los 5 los voy a ubicar en la capital, Logroño, porque a más población más votos, y no solo eso sino que, sorpresa, ¡los voy a colocar en los mismos centros de salud donde ya existen unidades de salud mental!, eso sí, colapsadas por la falta de psicólogos clínicos. Con esta convocatoria hago una buena propaganda electoral y me gano la confianza de mi partido político saliendo en todas las portadas de la prensa local .  

Pero ¡oh, vaya! Hay un pequeño problema. ¡Solo estoy formando a 1 psicólogo clínico por año y el primero que tendré disponible será en septiembre de 2024… y las elecciones son en mayo del 2023! ¿Qué puedo hacer? Yo quiero exhibir lo antes posible a mis 5 psicólogos para que la población los vea y parezca que me preocupo mucho por su salud mental (aunque no haya hecho nada en mis 4 años de gobierno para planificar mejor las necesidades de recursos humanos y formar a más psicólogos clínicos). Y, claro, ¡no existen! Pero el político piensa y dice, bueno, no pasa nada. Yo saco una convocatoria a 2 meses de las elecciones saltándome la ley (a sabiendas, porque se les había informado verbalmente y por escrito de ello reiteradamente) y si cuela, cuela. Total, si pierdo las elecciones, ya resolverá el siguiente este problemilla.

Y ¿cómo se salta el político la ley en este caso? Pues sencillo, no contrato a psicólogos especialistas en psicología clínica que requieren de 4 años de formación PIR previa. Porque, aun sabiendo que la ley exige que se debe de cumplir este requisito[1], decido de forma unilateral solo exigir que ¡sean graduados en Psicología! … Espera, espera… Esto qué significa exactamente: pues que con esta convocatoria el Servicio Riojano de Salud tiene la capacidad de contratar a jóvenes recién graduados en Psicología en la Universidad; es decir, de contratar a profesionales que no son sanitarios (y por ley ni siquiera pueden acceder a la información sanitaria de un paciente), que no tienen ninguna experiencia ni sanitaria ni mucho menos en el SNS y que, por supuesto, no han realizado la formación PIR. Problema resuelto. Eso de las garantías asistenciales con profesionales con experiencia y bien formados que decíamos antes no me reporta ni foto ni titular ni tampoco votos. Nada. Fuera. Yo quiero a mis 5 psicólogos ya y punto. Me da igual de dónde salgan y qué experiencia tengan.

Si que debe decirse que, aunque no se exigía en la convocatoria, tener el título de Especialista al menos daba unos puntillos extra en el baremo de méritos. Algo es algo. Pero, claro, si no he formado a 5 psicólogos clínicos, difícilmente se pueden presentar 5 a esta convocatoria. Lo que no existe, no existe. Finalmente, el anterior gobierno perdió las elecciones y el nuevo gabinete entró y se encontró con esta patata caliente. Aunque aún no se retirado ni modificado esta convocatoria para que se ajustara a la ley (es decir, exigiéndose el título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica), el proceso ha quedado temporalmente paralizado a la espera del resultado de este contencioso. Debo decir que esto me parece igualmente triste porque considero que un gobierno serio debe de hacer las cosas bien y planificar a medio-largo plazo sus necesidades en materia de recursos humanos. Si necesito o voy a necesitar 5 o 10 o 15 psicólogos clínicos, lo primero que tengo que hacer es pensar en cómo formarlos. Para poder formarlos hace falta aumentar el número de plazas de formación PIR y diseñar una estrategia para que, cuando acaben dicha formación, decidan quedarse en La Rioja y no se marchen a otras CC.AA. o a otros países. Cómo hacerlo da para otro texto íntegro sobre ello, pero existen abundantes trabajos que abordan las posibilidades para desarrollar sistemas de incentivos y motivaciones en el SNS que pueden emplearse si existe voluntad política y formación en los mandos intermedios (jefes de servicio).

Conclusiones

Como decía al principio y a modo de conclusión, el fondo de este contencioso no solo dirime si es posible contratar o no a psicólogos sin la especialidad para trabajar en AP, sino que se están discutiendo las raíces mismas del SNS y cómo queremos que este sea en el futuro.  

¿Queremos contar con profesionales bien formados y con experiencia dentro del propio sistema donde van a ejercer a través de los periodos de formación MIR, PIR, EIR… o queremos profesionales da igual de dónde procedan y qué formación tengan?

¿Queremos calidad y garantías asistenciales o solo consultas donde alguien, da igual quién, cómo y cuándo, nos atienda?

¿Queremos un SNS excelente o precarizado y con profesionales con baja o ninguna cualificación?

Yo tengo clara mi respuesta. Debemos cuidar con todas nuestras fuerzas el sistema de Formación Sanitaria Especializada que entre todos hemos construido (MIR, PIR, EIR…) y no quedarnos ahí, sino que también debemos de seguir mejorándolo para que siga nutriéndonos de los profesionales del futuro, los que nos curarán, cuidarán y acompañaran cuando lo necesitemos (que todos lo necesitaremos antes o después). Abrir la entrada legal a profesionales sin garantías formativas en AP para obtener rédito electoral o político debe ser un límite inadmisible.    

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[1]La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece en su disposición adicional séptima punto 4, que “Los psicólogos que desarrollen su actividad en centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud o concertados con él, para hacer efectivas las prestaciones sanitarias derivadas de la cartera de servicios comunes del mismo que correspondan a dichos profesionales, deberán estar en posesión del título oficial de psicólogo especialista en psicología clínica al que se refiere el apartado 3 del anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada”.