En su momento ya avisamos que a pesar de la memez cotidiana de nuestros representantes sanitarios, afortunadamente había  gente crítica e inteligente, que nos avisaban de los más que virtuales peligros de la prevista regulación de la gestión y el control de la Incapacidad Temporal (IT).  La gente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS), nos vuelve a poner en alertas y ha emitido un comunicado que resumimos a continuación:

El pasado 28 febrero de 2013 la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS) emitió unos duros Comunicado e Informe sobre la existencia de un avanzado proyecto de Real Decreto (RD) destinado a regular determinados aspectos de la gestión y el control de la Incapacidad Temporal (IT).

Recientemente, hemos tenido conocimiento de un nuevo borrador de dicho proyecto de RD, fechado el 17/07/2013, que destaca por restablecer el papel de la Inspección de Servicios Sanitarios (ISS) del Sistema Nacional de Salud (SNS), que había sido casi ignorada en su redacción inicial (21/01/2013).

Sin duda, ésto nos congratula, pero nuestra oposición no era sólo una razonable defensa de las propias competencias y funciones profesionales, sino del conjunto del SNS, del papel de sus facultativos y de los derechos de los pacientes y trabajadores. Por ello, creemos que siguen vigentes la mayoría de los argumentos de nuestra previa crítica general del proyecto, sobre todo respecto de la merma de derechos y garantías para el trabajador, así como del prejuicio de incompetencia hacia el MAP (Médico de Familia o de Atención Primaria). El nuevo procedimiento propuesto no sólo no reduce la burocratización, sino que la potencia, especialmente para el MAP. Además, se generaliza una presunción de fraude por parte de los trabajadores, a los que se imputa la carga de la prueba de que siguen enfermos, dándose por la Mutua a la Inspección un plazo de 5 días para contestar a las «Propuestas de Alta», con lo que al 6.º día se aplica un «silencio administrativo positivo» y se considera de alta al paciente.

Creemos que esta interpretación del silencio administrativo es perversa y consideramos que para una denegación de derechos a los ciudadanos (alta y extinción del subsidio) debería exigirse un pronunciamiento expreso y no presunto. Sin duda, será fuente de conflictos e inseguridad jurídica, tanto para el SNS como para los pacientes, en un recorte de derechos sin precedentes.

Por ello, por nuestra responsabilidad como organización profesional y científica, el expreso conocimiento del sistema y por constituir una buen parte de nuestra labor cotidiana como garantes de las prestaciones del mismo, continuaremos colaborando con las asociaciones de profesionales de Atención Primaria y con los principales sindicatos para mejorar la gestión y el control de la Incapacidad Temporal dentro de la defensa de los derechos de los usuarios del sistema, tratando de que se retire o rectifique profundamente el proyecto de Real Decreto».