Por Dr. Jorge Soler. Médico de Familia. Lleida

Autor de libro ¿ Por qué lloran los inmigrantes?

Últimamente en España las noticias negativas nos invaden. Muchos son los mensajes de errores cometidos en el pasado que se amplifican con pesimismo en múltiples medios y que, aliñados de un futuro bastante incierto, obliga a que se estén realizando muchos cambios, algunos de ellos con tanta rapidez que a veces parece que han sido tomados con cierta precipitación con su consecuente riesgo de error.

Uno de estos cambios ha sido el que anunciaba el Real Decreto Ley 16/2012, “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, que introduce, con una locuacidad que merece la pena resaltar, nuevos términos a las reglas de juego sanitario con perlas de nuestra querida ministra Mato afirmando que debemos diferenciar a las personas que “trabajan como nosotros y pagan sus impuestos” de los que son su inverso, dado que “no trabajan y no pagan impuestos”. Se incorpora por tanto una diferencia en nuestro país según si los ciudadanos cotizan y aportan dinero de los que no lo hacen. Inicialmente podría parecer que la medida estaba destinada a combatir el llamado turismo sanitario, un supuesto abuso según la administración que tampoco se han esforzado demasiado en documentar. ¿Es cierto que hay tanto abuso? Todos hemos oído de la existencia de casos de extranjeros que vienen a ser intervenidos de prótesis o para ser trasplantados saltándose la lista de espera y los pasos previos que normalmente nuestro sistema sanitario tiene estipulados. Es evidente que detrás de tantas afirmaciones debe de haber bastantes exageraciones, algo que ocurre con frecuencia en nuestro país con muchos temas. Si tan preocupante era este tipo de pacientes y sus conductas para la sostenibilidad del sistema, posiblemente hubiera sido más sencillo resolverlo revisando los convenios haciendo que fueran realmente bilaterales, porque, no lo olvidemos, también los españoles a veces enfermamos en nuestros viajes por Europa y nos gustará ser atendidos con dignidad.

Otro de los cambios que han pasado casi de refilón entre las noticias ha sido la de complicar aún más la entrada de los inmigrantes a nuestro sistema sanitario. Y estos lo tienen todavía mucho peor que los anteriores porque, por definición, son gente que vinieron a nuestro país a trabajar cuando necesitábamos mano de obra barata para especular. Son algunos de los que cuidaron a nuestros ancianos y realizaron los trabajos que la gente en nuestro país despreciaba. Ahora, con la nueva ley, “si no pagan impuestos” y no tienen todos los papeles en regla se les prohibirá el acceso regularizado al sistema sanitario, con una medida que según el Ministerio ayudará a ahorrar 500 millones de euros y que algunos en seguida han visto inconstitucional. Obviamente la cifra de ahorro debe de haber sido obtenida de una forma estimativa porque, si son personas indocumentadas, parece difícil que hayan estimado con finura su gasto sanitario actual, o incluso puede que quizá el cálculo haya sido realizado tomando un aromático café en la mesa de las decisiones que afectan a los débiles.

Este segundo tema, el de crear barreras de acceso a los ciudadanos que ahora llaman simpapeles, es realmente preocupante por muchos factores, pero se puede resumir de una forma muy simple: ahorrará muy poco, si es que se llega a ahorrar algo con la medida, pero las implicaciones en salud pública serán importantes, algunas tan bien narradas clásicamente en la literatura. Sobre este asunto, es magnífico, y de obligada lectura, el texto del profesor Luis Gimeno (@lugifel). Por supuesto, ahorrar dinero es difícil, y priorizar comprendo que no es tarea fácil, pero ¿hace falta cambiar nuestro sistema sanitario de esta forma? De hecho, en el fondo, recordemos que la base de la medida es el ahorro, partiendo como premisa que si uno cotiza queda salvado de la exclusión. ¿Hemos de entender entonces que estamos cambiando el modelo sanitario? ¿Aquel modelo que decían que era público, universal y gratuito en el punto de acceso? ¿Han olvidado que se aseguraba que era un sistema que no discriminaba a nadie y que era uno de los mejores del mundo (supongo que por su eficiencia: gran calidad con sueldos muy bajos)?

Es posible que no debiéramos intentar justificar tanto lo que nos parece una medida desacertada simplemente arguyendo que la universalidad de nuestro sistema es un acto de caridad, humanidad y solidaridad con el prójimo, de esa que algunos tienen los domingos cuando se reúnen antes de tomar el aperitivo, y muchos otros con mayor frecuencia todavía siendo consecuentes con su palabra y obra. Abandonar al que más nos necesita sin ninguna piedad cuando las cosas no van del todo bien es mezquino, ruin, y hace mostrar la cara oculta de nuestra sociedad, una sociedad aprovechada, que sólo sonrió cuando quería lucrarse.

Además el tema que nos ocupa no sólo es moral, humanista o ético, sino que es un asunto de relevancia científica. Estamos cuestionando un asunto sobre el que es bastante fácil documentarse con rigor médico para poder tener opinión. Son muchos los estudios que han detectado la existencia de las desigualdades sociales y, una vez leídos, los políticos hubieran tenido más facilidad para tener una visión más humana de la realidad que se verá afectada con este decretazo. Si lo que se pretendía era cambiar el modelo sanitario, deberían mostrar con claridad hacia dónde pretenden llevarlo, porque, de igual forma como sucede con el rumbo de la vida, a veces es mejor conocer bien la dirección del viaje más que la velocidad. Si no sabemos hacia dónde queremos llevar el barco, ningún viento nos será favorable por mucho que corran queriendo ahorrar. Es por eso que somos muchos a los que nos parece que las decisiones importantes deben ir siempre bien documentadas para evitar que parezcan simples ocurrencias de tertulianos. Quiero pensar que, si realizamos un análisis sosegado de la situación, podremos ver en un ejercicio de introspección sincero que nuestra sociedad es mucho más sana, humana y generosa que la que esta medida puede sugerir.

Entre otras muchas cosas este decreto dificultará el proceso de integración de algunos inmigrantes y, las primeras críticas que recibió el Gobierno por ello, las esquivó contestando que las personas podrán seguir accediendo igualmente a los servicios de urgencias y que, como en los naufragios, las mujeres embarazadas y los niños tendrán un trato especial, en este caso el redactado dice “en las mismas condiciones que los españoles”, es decir, que ellos mismos explicitan dos tipos de sistemas sanitarios bien diferenciados. Es evidente que alguien que legisla así desconoce totalmente para qué están destinados estos servicios de urgencias (aunque la palabra les debería dar una pista) y peor si cabe aún, cuál es la cartera de servicios y el motivo de tener una Atención Primaria potente. Una buena opción hubiera sido pedir colaboración a los profesionales que conocen bien por dónde es más fácil recortar. Convoquen a los profesionales y verán cómo les responden fielmente y con eficacia. Quizá deberían invitar a la mesa de las decisiones a tomar café a algún Médico de Familia que mientras removería el azúcar les explicaría con maestría qué implica abandonar sanitariamente a las personas desvalidas.

Es posible que los complejos conceptos de prevención, atención integral de las personas y manejo de la patología crónica sean más fáciles de comprender si con el café se acompaña de algo sólido, que sea más fácil de tragar, sobre todo cuando se trata de decisiones complejas como las expuestas.

Dr. Jorge Soler. Médico de Familia

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