Original de Helen Salisbury: Learning to say no to patient requests. BMJ 2026; 395:e101305 doi: https://doi.org/10.1136/bmj-2026-101305

Existe un modelo sencillo de medicina general en el que un paciente con síntomas de aparición reciente acude a un médico en busca de ayuda. El médico establece un diagnóstico y, a continuación, tranquiliza al paciente, le trata o le deriva al hospital para que reciba atención hospitalaria. A veces esto es lo que ocurre, pero cada vez es más frecuente que los pacientes acudan a nosotros después de haber buscado ayuda en otros lugares, a menudo con peticiones muy concretas.

Por regla general, a los médicos de cabecera nos gusta ser de ayuda y estamos formados para centrarnos en el paciente, por lo que resulta difícil decir que no, pero a menudo es precisamente lo que debemos hacer. A veces surgen conflictos cuando a los pacientes se les han recetado medicamentos para indicaciones no autorizadas, o en dosis suprafisiológicas, en una clínica privada y, posteriormente, por motivos de coste y comodidad, nos piden que nos hagamos cargo de la receta. Por supuesto, estamos acostumbrados a recetar muchos medicamentos fuera de lo indicado en la ficha técnica y fuera de la autorización de comercialización, pero solo cuando las directrices, o un conjunto de pruebas y la práctica clínica, nos dan la confianza necesaria para hacerlo. Será nuestro nombre el que figure en la receta, y puede resultar complicado explicar a los pacientes por qué no podemos darles lo que su médico especialista (al que quizá hayan pagado una fortuna por consultar) cree que necesitan.

Cuando los pacientes están bajo el cuidado de colegas que conocemos y en quienes confiamos en el hospital local del NHS, somos más propensos a continuar con una receta sabiendo que podemos ponernos en contacto con ese médico si surgen problemas; además, en algunos casos, los médicos de cabecera y los especialistas tienen acuerdos formales de atención compartida.

También pueden surgir problemas en torno a las pruebas, cuando los pacientes han acudido a un especialista privado por iniciativa propia (a veces en el extranjero) en lugar de haber sido derivados. Pueden acudir a nosotros con una lista de pruebas recomendadas, pidiendo que se realicen a través del NHS. A veces lo adecuado es un «no» rotundo, pero a menudo me encuentro tratando de averiguar cuáles de esas pruebas habría realizado de todos modos o habría solicitado de forma plausible a petición de un colega del NHS, al tiempo que soy consciente de que, con el mero hecho de implicarme, probablemente esté agravando las desigualdades en materia de salud.

Algunos de los casos más difíciles son los de pacientes que han decidido automedicarse (a menudo con tratamientos adquiridos por Internet) y que luego solicitan un seguimiento. Si hacen caso omiso de mi respuesta inicial («Por favor, no lo hagas, es peligroso; no tienes ni idea de lo que te están vendiendo»), ¿es probable que les cause daño al decir que sí, si realizar las pruebas parece tanto respaldar sus acciones como animarlos a seguir por ese camino? ¿O sería una negativa aún más peligrosa, ya que podría provocar que dejaran de acudir a la consulta y optaran por un tratamiento menos seguro?

Hay otros pacientes que ignoran mis consejos y siguen bebiendo una botella de vino al día o consumiendo otras drogas peligrosas, y yo los animo activamente a que acudan a hacerse pruebas para comprobar la función hepática o detectar cualquier infección. Mi compromiso actual con los pacientes que se automedican es que comprobaré si hay posibles daños derivados de los medicamentos no recetados, pero no realizaré pruebas para evaluar los efectos que ellos pretenden obtener, ya que, de todos modos, es posible que carezca de las habilidades necesarias para interpretarlos.

Resulta útil establecer normas en la consulta sobre lo que se acepta y lo que no, y cuándo derivar a los pacientes de vuelta a su médico especialista, pero, incluso con ellas, cada semana surgen nuevos dilemas. Tomar la mejor decisión en cada caso implica intentar equilibrar las necesidades del paciente, la seguridad, la equidad, el coste para el Servicio Nacional de Salud (NHS) y el impacto en nuestra carga de trabajo. El propio proceso de reflexión, así como el debate con los compañeros, requiere tiempo y energía, recursos que a veces escasean en la medicina general.