En mayo pasado el Congreso de Diputados aprobó por unanimidad  una proposición no de Ley para promover la implantación paulatina de la receta electrónica en el ámbito de MUFACE, ISFAS y MUGEJU, cuyos 2,5 millones de beneficiarios siguen accediendo a la prestación  mediante recetas hechas a mano por los médicos y facturadas por las farmacias a dichas Mutualidades. Y ello, tanto si eligieron seguros privados como si pertenecen a los servicios autonómicos de salud (los médicos de centros de salud no pueden usar su módulo de prescripción electrónica cuando el paciente es mutualista).

La iniciativa parlamentaria, que se ha tramitado no en la Comisión de Sanidad sino en la de Hacienda y en vísperas de la prórroga del concierto con el seguro privado, viene a modificar el calendario y los procedimientos  previstos en el Real Decreto Ley 9/2011, así como los plazos de implantación de la e-receta comprometidos por el Gobierno ante la Comisión Europea en su reciente programa nacional de reformas “en el 4º trimestre de  2013 en todo el Sistema Nacional de Salud”, cuya recetas incluyen las de modalidad mutualista. Todo lo cual aleja a las mutualidades estatales de la organización institucional del SNS (Ministerio de Sanidad  y Servicios Autonómicos de Salud), cuyos mecanismos y reglas no parecen serle de aplicación.

Así, llama la atención que, en plena época de consolidación fiscal y recortes, el Congreso  haya aprobado una iniciativa costosa, que pretende  autofinanciarse  con los ahorros  internos de  un modelo que ya soporta  gastos crecientes e ingresos menguantes, y cuya implantación real se prevé realizar lentamente  “dada la gran cantidad de entidades públicas y privadas implicadas en este proceso”. En este punto, la iniciativa señala a  poderosos intermediarios económicos como  “las entidades de seguro libre y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos”, mientras apenas destaca el papel de  agentes claves en el proceso: los médicos responsables de la prescripción y la coordinación política con las autoridades sanitarias y servicios autonómicos de salud.

En este sentido, además de la ausencia de objetivos clínicos de la propuesta  “ahorro de papel,  eliminación de costes, control y seguridad en la dispensación y reducción de trámites”,  sorprende  la falta de análisis de las dificultades de implantación en un entorno de seguros privados, proclive al  intervencionismo por los bajos honorarios médicos, sin médicos de cabecera que coordinen los diferentes tratamientos y con medios e interconexiones precarias (sin historia clínica compartida ni tarjeta sanitaria individual y con duplicidades de cobertura).

Todo esto conducir a un fracaso de la iniciativa y al derroche  de los recursos invertidos.