Así se titulaba un artículo del Boletín SEMFyC sobre los efectos desastrosos de la aplicación de una ley acelerada y sinsentido como el Real Decreto 16/2012.

Hay muchas maneras de matar se titulaba también un comentario muy difundido de Juan Gervas alertando de las posibles consecuencias de este mismo RD.

Sin ánimo de establecer comparaciones, utilizamos estos ejemplos para hacer notar que las leyes no son neutrales y que buscadas o no, traen consecuencias inesperadas a veces graves, para muchas personas. Los médicos asistenciales, aunque tarde, nos estamos dando cuenta que toda intervención sanitaria  puede acarrear daños. Da igual que sobre el papel sea beneficiosa o que en su origen este la mejor de las intenciones. No basta, tiene que comprobarse adecuadamente que las intervenciones sanitarias, al igual que los medicamentos, producen beneficio, o mejor dicho que el beneficio compensa y supera a los daños.

Dentro de la alocada carrera iniciada hace unos años para bajar desaforadamente el gasto farmacéutico, se han aplicado muchas medidas, algunas bastantes estrafalarias, cuya intensidad y número se ha visto aumentado a raíz de las presiones que las consejerías de sanidad, recibían de sus homólogos de hacienda con motivo de la crisis económica. Durante 2011 el ministerio de sanidad agobiado por las medidas de las consejerías autonómicas cada vez más agresivas con medidas fuera de sus competencias, decide acometer una solución a este problema y se saca de la manga el RDL 9/2011, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. En este, se sanciona un método ahorrador probado en una comunidad Andalucía, donde su partido gobernaba con mano de hierro y desde hacía muchos años, la sanidad.

Es así como nace la famosa Prescripción Por Principio Activo o PPA, literalmente la ley dice:

La prescripción, indicación o autorización de dispensación de los medicamentos se realizará por principio activo, en la receta médica oficial u orden de dispensación, del Sistema Nacional de Salud.

Es decir, a partir de ese momento todos los médicos deberían prescribir los medicamentos no por marcas de fantasía o nombres genéricos, sino por el nombre de su principio activo. A la vez se obligaba al farmacéutico que recibía estas recetas a que dispensara la presentación del medicamento que tuviera menor precio.

Este Real Decreto contó con muchos apoyos en virtud de un supuesto ahorro y como colofón de una vieja aspiración política y gestora de control de la prescripción, anhelo en el que subyace una profunda desconfianza hacia los médicos prescriptores. Fuimos pocos los que nos opusimos a él, pero incluso entre sus defensores enseguida salió a la luz un problema: este Real Decreto sancionaba e incluso estimulaba el cambio de apariencia en los medicamentos, de tal forma que un paciente con un tratamiento crónico continuo, podía recibir envases con aspecto diferente cada vez que acudía a su farmacia.

No hace falta ser un genio (ni siquiera alto cargo de una Dirección General de Farmacia) para intuir el tipo de problemas que este hecho podía acarrear, problemas ligados con la eficacia o el cumplimento terapéutico y sobre todo con la seguridad.

La duplicidad  en la toma de medicamentos ha sido un evento cada vez más reconocido por los médicos  asistenciales y ahora nos hemos enterado que además de frecuente es grave, muy grave. En una encuesta realizada por el Grupo de  utilización de medicamentos de la  Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria presentada en su último Congreso en Granada, se presentan los siguientes y escalofriantes datos: